Camila Toledo
El mundo nunca había estado tan cerca de superar el umbral de 1.5 grados Celsius establecido en el Acuerdo de París.
El Servicio de Cambio Climático Copernicus informó que el año pasado las temperaturas globales fueron, en promedio, 1.48 grados Celsius más altas que en la segunda mitad del siglo XIX, lo que nos aproxima peligrosamente al límite acordado. Este patrón fue corroborado por la NASA, la NOAA y la Organización Meteorológica Mundial, quienes confirmaron que 2023 fue el año más cálido del que se tiene registro1, y por un amplio margen.
La tendencia de temperaturas extremas no muestra signos de desaceleración en 2024. Según datos del Servicio de Cambio Climático Copernicus, abril de 2024 estableció un nuevo récord como el abril más cálido registrado a nivel mundial, marcando el undécimo mes consecutivo en establecer un nuevo récord de temperatura para su respectivo mes. Si 2024 continúa esta trayectoria, las temperaturas globales podrían alcanzar un nuevo máximo histórico en el próximo mes o dos.
Los datos son contundentes, y la situación es crítica. ¿Cuántos récords más debemos romper antes de abandonar los combustibles fósiles y asumir la responsabilidad de nuestro futuro? La crisis climática no es un problema distante; es una realidad con consecuencias catastróficas en todo el mundo, incluyendo nuestro país.
El año pasado, el Programa de Investigación en Cambio Climático y el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM informaron que el aumento promedio de temperatura en el país desde el periodo preindustrial ha sido de 1.7 grados Celsius, superando el promedio mundial de 1.2 grados Celsius. Esto significa que la temperatura en México no sólo ha incrementado más, sino también ha incrementado a un ritmo más acelerado.
Una de las consecuencias más visibles de un mundo que se calienta es el aumento en la intensidad y frecuencia de eventos climáticos extremos. No debería sorprendernos, entonces, la frecuencia con la que hemos experimentado condiciones meteorológicas anómalas en los últimos años.
México ha enfrentado una escasez de agua desde 2020. El fenómeno "La Niña", que comenzó a finales de ese año, trajo consigo una sequía que solo empeoró en 2021, afectando masivamente al ganado y a los cultivos. En 2022, el déficit hídrico impactó gran parte del territorio, especialmente a los municipios del norte. Aunque hacia finales de 2022 las lluvias trajeron cierto alivio, la llegada de "El Niño" en 2023 agravó la sequía con la falta de lluvias y una ola de calor récord, llevando a México al borde de una crisis hídrica.
Este año, los efectos de la sequía siguen vigentes. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), más de 50% de los municipios en el país no tienen agua, y la mayoría de los embalses y presas se encuentran por debajo de los niveles óptimos. En particular, el sistema Cutzamala, que abastece a gran parte del Valle de México, está al 31.5%2 de su capacidad y sigue disminuyendo cada día.
La sequía que azota al territorio mexicano no solo ha causado un déficit hídrico. Según los últimos datos publicados por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), en lo que va del año3, se han registrado 3,226 incendios forestales en 30 entidades federativas, afectando una superficie de 150,164.32 hectáreas. Esta cifra representa un aumento del 23% en comparación con las hectáreas incendiadas durante el mismo período en 2023. Cabe destacar que 2023 ha sido el año con más hectáreas afectadas (1,047,493) desde 1970. Sin embargo, la tendencia actual indica que 2024 podría superar este récord.
En el otro extremo, hemos sido testigos de lluvias torrenciales más frecuentes y huracanes más intensos. El huracán Otis, que azotó las costas de Acapulco y otros cinco municipios de Guerrero el 25 de octubre de 2023, ha sido catalogado como el huracán más fuerte registrado en las costas del Pacífico mexicano y como la tormenta de más rápido fortalecimiento en el noreste del Pacífico4. Este huracán fue el resultado de una convergencia de factores que derivaron en un aumento de las temperaturas oceánicas. Un océano más caliente no solo potencia los huracanes, sino que también acelera su intensificación.
Ante este panorama, sería razonable esperar que la crisis climática se abordara con seriedad y estuviera en el centro de la agenda política. No, la realidad es que las acciones gubernamentales en México han avanzado en dirección opuesta a lo que se necesita para combatir el cambio climático.
Durante este sexenio, dos grandes decisiones políticas demuestran que la apuesta energética nacional sigue enfocada en el uso de combustibles fósiles. En primer lugar, la restricción al desarrollo y generación de energías alternativas, y en segundo, la construcción de la enorme refinería de petróleo Dos Bocas, que se espera produzca hasta 280,000 barriles de gasolina diarios5. La justificación detrás de Dos Bocas es que permitirá a México reducir su dependencia de la gasolina importada; sin embargo, invertir en energía renovable también potenciaría nuestra independencia energética.
El impacto de las políticas energéticas del país se ha visto reflejado en el total de emisiones nacionales de CO2. Según datos del Global Carbon Budget, México alcanzó un nuevo récord de emisiones en 2022, revirtiendo la tendencia a la baja observada desde 2012 tras la implementación de la Ley General de Cambio Climático. El aumento de emisiones en 2022 no solo superó el máximo de 2012, sino que fue el más pronunciado en toda la historia del país, con un crecimiento de 9.16% en un solo año. Esta situación evidencia que, en lugar de avanzar hacia la descarbonización de la economía, seguimos transitando el camino de las políticas fósiles.
El retroceso de la política ambiental en México también queda expuesto en el presupuesto público. El anexo sobre cambio climático del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) revela que desde 2018 se han incluido programas presupuestales cuyos objetivos no contribuyen a la mitigación o adaptación de los efectos del cambio climático. Sin ir muy lejos, en 2024, los programas que más recursos recibirán son: el Tren Maya, con el 51% del presupuesto; el programa Sembrando Vida, con el 15%; y el programa de transporte de gas natural, también con el 15%6. En conjunto, estos programas representan más del 80% del total de recursos supuestamente dedicados a combatir el cambio climático.
La emblemática obra del Tren Maya ha sido responsable, entre otras cosas, de la tala de más de 10 millones de árboles, el colapso de techos de cenotes y el derrame de cemento en diversos acuíferos. Por su parte, el programa Sembrando Vida ha fomentado la destrucción de ecosistemas nativos, sustituyéndolos por árboles frutales y maderables, lo que lo ha convertido en una de las principales causas de deforestación en el país. Finalmente, ni qué decir del gas natural; un combustible fósil compuesto principalmente por metano, uno de los principales gases de efecto invernadero.
En resumen, estos programas no sólo no están diseñados para proteger al medio ambiente, sino que fomentan actividades que contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero en lugar de reducirlas, debilitando aún más nuestra resiliencia frente al cambio climático.
Por si fuera poco, la actual administración se ha dedicado a desmantelar (administrativa y presupuestalmente) a las instituciones y mecanismos de protección del medio ambiente. Un claro ejemplo es la desaparición del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), ambos órganos descentralizados cuya autonomía les permitía operar independientemente de ciertos criterios políticos7. Otro caso muy conocido es el de la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO), que no fue incluida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2023 y que este año el gobierno busca incorporar a la estructura de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), lo cual limitaría significativamente su función.
Las medidas insuficientes del Estado mexicano para abordar la crisis climática (por decir poco) deben servir como un llamado a la ciudadanía para involucrarse más activamente en materia de cambio climático y exigir el cumplimiento de la agenda ambiental a la que el país se ha comprometido internacionalmente.
Según una encuesta internacional realizada en 20238, la mayoría de la población mexicana percibe al cambio climático como una amenaza para la humanidad (92%) y considera que debería ser una prioridad para el país (88%). En el marco de las elecciones de junio, el claro deseo de los ciudadanos por enfrentar la crisis climática podría marcar un punto de inflexión crucial para garantizar el progreso de las políticas climáticas en México.
Ante esta demanda, es cierto que las candidatas y el candidato a la presidencia han presentado propuestas para impulsar las energías renovables y descarbonizar la matriz energética; no obstante, no nos han hablado de “los cómo”. Aunque mucho se ha dicho sobre mitigación y transición energética, el discurso ha sido insuficiente en términos de adaptación y financiamiento. Además, el enfoque transversal necesario para abordar el cambio climático aún no se refleja adecuadamente en los compromisos de los candidatos.
Nuestra responsabilidad como ciudadanos es entonces, mantenernos bien informados, evaluar críticamente las propuestas, ejercer nuestro derecho al voto y participar activamente en la toma de decisiones del país.
Este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, es una oportunidad no solo para reflexionar, sino también para actuar. Es un momento ideal para salir a las calles, hacer escuchar nuestra voz y defender el derecho humano a un medio ambiente sano: la nueva marea verde. Entre las cosas que podemos exigir están: la creación de estrategias para la reducción gradual de emisiones de gases de efecto invernadero; el cese de los recortes presupuestales al sector del medio ambiente, asegurando que los fondos destinados a combatir el cambio climático realmente se utilicen para su mitigación y adaptación; el fin del desmantelamiento de las instituciones encargadas de estudiar, atender y proteger el medio ambiente, y su fortalecimiento; la transparencia en los procesos de megaproyectos gubernamentales para permitir una supervisión de sus impactos ambientales y garantizar la rendición de cuentas; la gestión sostenible de los ecosistemas naturales, incluyendo acciones de reforestación y restauración; la priorización de la investigación científica y el desarrollo tecnológico; la promoción del desarrollo y participación de las comunidades; y el cumplimiento por parte del próximo gobierno de los compromisos ambientales establecidos en campaña.
Frente al escenario nacional y mundial, debemos preguntarnos: ¿Hay luz al final del túnel? La respuesta es sí, todavía es posible mantener el calentamiento global en niveles relativamente seguros. Sin embargo, las decisiones que tomemos en la próxima década serán cruciales y definirán el rumbo de nuestro futuro. Es esencial que cada uno de nosotros actúe, exija y participe activamente en la mitigación del cambio climático. Nuestra respuesta a esta crisis nunca había sido tan importante, y podría ser nuestra última oportunidad para hacer una diferencia.
1 Desde que comenzaron los registros globales en 1850
2 Dato correspondiente al 30 de abril del 2024
3 Cifras actualizadas hasta el 28 de abril de 2024.
4 García‐Franco, J. L., Gómez‐Ramos, O., & Christian, D. (2024). Hurricane Otis: the costliest and strongest hurricane at landfall on record in Mexico. Weather.
5 Según declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador
6 Olivera, B. (2023). Presupuesto público para cambio climático. Nexos.
7 Para mayor detalle, véase el estudio de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad: Matar el futuro: la 4T y la política ambiental en México
8 Leiserowitz, A., Carman, J., Buttermore, N., Neyens, L., Rosenthal, S., Marlon, J., ... & Mulcahy, K. (2023). International public opinion on climate change 2023. Climate Change Comunication.
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